El doble discurso de Participación Ciudadana y la crisis de la Cámara de Cuentas

En la política dominicana abundan los grupos que, disfrazados de sociedad civil, buscan influir en la opinión pública con una agenda financiada por intereses extranjeros. Uno de esos grupos es Participación Ciudadana, que ha quedado envuelto en un escándalo internacional por recibir fondos de la USAID sin dar explicaciones claras al pueblo dominicano. Su silencio ante la situación de Friusa y su constante injerencia en los casos judiciales de corrupción demuestran su parcialidad y su rol como instrumento de intereses económicos.

Un escándalo internacional sin explicaciones

El financiamiento extranjero de Participación Ciudadana ha sido un tema de gran controversia. A pesar de que este grupo se presenta como un ente independiente, no han explicado al país en qué condiciones han recibido estos fondos ni cuál es la agenda que realmente persiguen. Su silencio sobre temas cruciales y su selectiva indignación con ciertos casos de corrupción revelan su verdadera intención: proteger a ciertos sectores mientras atacan a otros según convenga a sus patrocinadores.

La crisis de la Cámara de Cuentas

Mientras Participación Ciudadana se enfoca en temas específicos, ignoran el escándalo de la actual Cámara de Cuentas, la cual está sumida en el descrédito. Desde acusaciones de alteraciones en auditorías hasta denuncias de acoso sexual contra su presidente, este organismo se ha convertido en una verdadera banda delincuencial dentro del Estado. Irónicamente, el mismo gobierno que antes acusó a la Cámara de Cuentas anterior de «asociación de malhechores», hoy enfrenta una crisis peor sin asumir responsabilidades claras.

La incoherencia en la lucha contra la corrupción

Participación Ciudadana se ha manifestado en contra de la extinción de los casos de corrupción Coral, Antipulpo, Medusa, Calamar y Camaleón, mientras guarda silencio sobre otros escándalos que afectan a este gobierno. A pesar de su supuesta postura de transparencia, no han dicho nada sobre la crisis de la Cámara de Cuentas ni sobre los cuestionamientos en torno a la gestión de ciertos jueces y fiscales.

El narcotráfico y la falta de un debate serio

Otro tema que se mantiene en la sombra es el narcotráfico. La sociedad dominicana ha visto cómo en los últimos años se han incrementado los casos de vinculación entre el crimen organizado y sectores del poder. Sin embargo, Participación Ciudadana y otros grupos similares evitan pronunciarse al respecto, demostrando su doble moral y su falta de compromiso con la lucha real contra el crimen y la corrupción.

La seguridad vial y el problema de los conductores drogados

En otro orden, el Listín Diario ha publicado un editorial acertado sobre la necesidad de pruebas antidoping para los choferes del transporte público. Sin embargo, nos preguntamos: ¿por qué solo para el transporte público y no para el sector privado? La aplicación de estas pruebas confirma lo que ya sabemos: muchos choferes consumen drogas antes de conducir, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

Es momento de dejar la retórica y aplicar sanciones reales. El Estado dominicano debe imponer regulaciones estrictas y penalizaciones contundentes para aquellos conductores que resulten positivos en consumo de drogas y alcohol. No basta con realizar pruebas aleatorias, sino que se deben establecer mecanismos permanentes de control.

Una ley de tránsito con penas más severas

La modificación de la Ley de Tránsito debe incluir penas privativas de libertad para quienes manejen bajo los efectos de sustancias prohibidas. No podemos seguir permitiendo que el desorden y la falta de consecuencias penales sigan generando tragedias en las calles del país. En países como Estados Unidos y España, un conductor borracho o drogado enfrenta severas sanciones, mientras que aquí se les permite seguir operando sin mayores consecuencias.

La seguridad y el transporte digno

Es fundamental mejorar el transporte público para que los ciudadanos puedan desplazarse sin miedo a ser atracados o violentados. En ciudades europeas, los ciudadanos pueden utilizar buses y trenes sin temor. La seguridad del transporte debe ser prioridad del Estado dominicano, garantizando un sistema eficiente, regulado y monitoreado.

La hipocresía del gobierno ante la crisis migratoria

El editorial de El Nacional sobre las acusaciones de Amnistía Internacional deja en evidencia la hipocresía del gobierno. Mientras dicen defender la soberanía dominicana ante las presiones internacionales, se arrodillan ante los intereses de los grupos empresariales que se benefician de la mano de obra haitiana. Esos mismos sectores ahora intentan frenar la marcha patriótica en Friusa, demostrando su falta de coherencia.

Conclusión

La situación en la República Dominicana exige respuestas claras y acciones contundentes. No podemos seguir tolerando que grupos como Participación Ciudadana manipulen la agenda política a conveniencia de sus financiadores. Tampoco podemos aceptar que el gobierno juegue con la seguridad vial ni con la crisis migratoria sin tomar medidas concretas.

La sociedad dominicana debe mantenerse vigilante y exigir transparencia en todos los sectores, sin importar quién esté en el poder. La lucha por un país más justo y seguro no puede ser selectiva ni parcializada.