Nuevos Nombramientos en el Ministerio Público: ¿Respeto a la Ley o Designaciones Arbitrarias?

La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, ha anunciado una serie de cambios en su gabinete, designando a nuevos titulares en diferentes áreas estratégicas del Ministerio Público. Entre los nombramientos más destacados se encuentran Wilson Camacho como Director de Persecución, Mirna Ortiz como Directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Andrés Comas Abreu como titular de Monte Plata, Ramona Santana como titular de San Cristóbal, Kirsa Abreu como titular de Santiago y Wendy Estrella como Secretaria General del Ministerio Público.

Estas designaciones han generado interrogantes sobre si se ha cumplido con el debido proceso que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público para la selección de estos funcionarios. Según la normativa vigente, los cargos de dirección y las titularidades en las diferentes jurisdicciones forman parte de la carrera del Ministerio Público, por lo que su designación debe realizarse mediante concursos de oposición y evaluación de méritos.

La Ley No. 133-11, que rige la organización del Ministerio Público, establece que los ascensos y designaciones deben obedecer a criterios objetivos de mérito, idoneidad y trayectoria, garantizando así la transparencia y la independencia institucional. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente si se realizaron los concursos correspondientes ni cuál fue la justificación para elegir a los nuevos funcionarios.

La falta de información sobre el proceso ha despertado críticas en sectores que exigen mayor transparencia y respeto al Estado de Derecho. ¿Por qué no se ha cumplido con lo que estipula la ley? ¿Existen razones de emergencia o excepcionalidad que justifiquen estas designaciones directas? ¿Dónde están los documentos que avalen la evaluación y selección de los nuevos titulares?

El Ministerio Público, como garante de la legalidad y la justicia, debe ser el primero en cumplir con los procedimientos que la ley impone para evitar sospechas de favoritismo o discrecionalidad. La ciudadanía espera una explicación clara sobre si estas designaciones cumplen con los principios de mérito y transparencia que exige la legislación vigente.

Mientras tanto, el silencio oficial sobre estos cuestionamientos solo alimentará la percepción de que en lugar de fortalecer la institucionalidad, se estaría reproduciendo una cultura de designaciones arbitrarias que erosiona la confianza en el sistema de justicia.

Llamado a la Acción

Ante esta situación, es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación y los actores políticos exijan explicaciones y demanden transparencia. Si estos nombramientos violan la ley, ¿quién garantizará que el Ministerio Público actúe con independencia en casos de alto perfil? No podemos permitir que las mismas instituciones encargadas de hacer cumplir la justicia operen con opacidad. Es momento de que las autoridades respondan y se sometan a los principios de legalidad que dicen defender.