Autor: Danny Chevalier
La reciente captura y extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa por parte de Estados Unidos, bajo cargos de terrorismo y narcotráfico, ha desatado una tormenta de críticas internacionales, muchas de ellas dirigidas no tanto al acto en sí, sino al hecho de que fue ejecutado bajo la administración del presidente Donald Trump. Lo que para algunos representa una acción de justicia internacional, para otros constituye una muestra más del intervencionismo estadounidense. Sin embargo, resulta ineludible contextualizar este hecho dentro de una larga y documentada historia de intervenciones de Washington en América Latina y otras regiones del mundo, muchas de las cuales se ejecutaron con menor escrutinio y mayor legitimación mediática.
Desde la Guerra Fría hasta el presente, la política exterior de Estados Unidos ha operado bajo una lógica de excepcionalismo moral. La Doctrina Monroe, el anticomunismo de la Guerra Fría, la lucha contra el narcotráfico en los años ochenta y la guerra contra el terrorismo en el siglo XXI han servido como marcos justificativos para intervenir, derrocar, asesinar o manipular gobiernos considerados hostiles o inconvenientes para los intereses estratégicos de Washington. Lo que cambia no es la doctrina, sino la narrativa.
En 1954, la CIA orquestó el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, democráticamente electo, por intentar una reforma agraria que afectaba los intereses de la United Fruit Company. En 1961, la agencia apoyó el asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, tras décadas de tolerancia y colaboración. Se ha especulado que el asesinato de las Hermanas Mirabal, atribuido a Trujillo, fue instrumentalizado para justificar su eliminación. En 1963, el presidente Juan Bosch fue derrocado en la República Dominicana y, en 1965, tropas estadounidenses invadieron el país bajo el pretexto de evitar “otra Cuba”. En Haití, Washington apoyó el ascenso y la caída de figuras como Paul Magloire, François Duvalier, Jean-Claude Duvalier y Jean-Bertrand Aristide, este último derrocado en dos ocasiones con participación estadounidense. En 1989, el presidente George H. W. Bush ordenó la invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega, exaliado de la CIA, bajo cargos de narcotráfico. La operación fue ampliamente celebrada por los medios estadounidenses.
En todos estos casos, la narrativa dominante fue la de la restauración del orden, la defensa de la democracia o la lucha contra el comunismo. Las críticas fueron mínimas y los medios de comunicación, en su mayoría, actuaron como amplificadores del discurso oficial. En contraste, la operación contra Maduro ha sido recibida con una mezcla de escepticismo, condena y acusaciones de imperialismo, especialmente por parte de sectores que, en otros contextos, guardaron silencio ante intervenciones similares.
¿Por qué esta doble moral? Parte de la respuesta radica en la figura de Donald Trump, un presidente que ha polarizado tanto la política interna como la percepción internacional de Estados Unidos. Mientras sus predecesores, tanto demócratas como republicanos, ejecutaron acciones similares con el respaldo tácito del establishment mediático y diplomático, Trump ha sido sistemáticamente demonizado, incluso cuando sus decisiones replican precedentes históricos. Cabe recordar que fue su administración la primera en enviar armamento letal a Ucrania en 2017, algo que la administración Obama evitó. También fue Trump quien propuso la compra de Groenlandia, una idea ridiculizada, pero que revelaba una visión estratégica del Ártico frente al avance ruso y chino. Su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel fue duramente criticado, aunque también expuso la hipocresía de décadas de diplomacia estancada en el conflicto palestino-israelí.
En el caso de Venezuela, la figura de Maduro ha sido denunciada por múltiples organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad, represión sistemática y colapso institucional. Su captura, más allá de la forma, representa un golpe simbólico al eje geopolítico que lo sostiene: Rusia, Irán, China y sectores del crimen transnacional. Negarle a Trump el beneficio de la duda en este contexto no solo revela una profunda incoherencia ética, sino que también debilita la credibilidad de quienes dicen defender los derechos humanos.
La crítica es necesaria, pero debe ser coherente. No se puede condenar una intervención por razones ideológicas mientras se aplauden otras por conveniencia política. La memoria histórica no puede ser selectiva. Si se celebró la caída de Noriega, el derrocamiento de Aristide o la eliminación de Bin Laden, ¿por qué no conceder al caso Maduro el mismo análisis riguroso, libre de prejuicios partidistas?
En un mundo cada vez más multipolar, donde el autoritarismo se disfraza de soberanía y la democracia de conveniencia, urge una ética internacional basada en principios y no en simpatías. La justicia no puede depender de quién la ejecuta, sino de qué se ejecuta y por qué. Y si el objetivo es la dignidad humana, la libertad de los pueblos y la rendición de cuentas, entonces la historia debe contarse completa, sin omisiones ni dobles morales.
