El Uso de Celulares en los Centros Penitenciarios de República Dominicana: Una Problemática Histórica que Exige una Solución Integral

La presencia de celulares en los centros penitenciarios ha sido, durante años, uno de los mayores desafíos para la seguridad interna y la lucha contra el crimen organizado en República Dominicana. Desde extorsiones telefónicas hasta la coordinación de actividades delictivas, el uso de estos dispositivos ha generado un efecto dominó que afecta tanto a la operatividad de las cárceles como a la sociedad en general.

Un Problema con Raíces Históricas

La penetración de la tecnología móvil en el sistema penitenciario dominicano no es un fenómeno reciente. Con el tiempo, los reclusos han encontrado en los celulares una herramienta clave para:

• Coordinar delitos: Desde órdenes para asaltar puntos de venta hasta la planificación de secuestros y tráfico de drogas.
• Ejecutar extorsiones: Haciendo uso de llamadas enmascaradas y técnicas de ingeniería social para obtener recursos económicos ilícitos.
• Desafiar la autoridad: Utilizando estos dispositivos para eludir controles y supervisar actividades dentro y fuera de las cárceles.

La evolución tecnológica —incluyendo la llegada del 5G y dispositivos que operan en bandas menos convencionales— ha convertido este desafío en un juego del gato y el ratón a nivel mundial, donde cada medida de control tecnológica es rápidamente contrarrestada. Cuando usted logra bloquear una banda del especto, ya existen nuevas tecnologías, nuevas bandas y/o nuevos métodos para lograr la conectividad.

El Piloto de Bloqueadores de Señal: ¿Solución o Parche Temporal?

Recientemente, el Director General de Servicios Penitenciarios, Roberto Hernández, ha impulsado un proyecto piloto para bloquear las señales celulares dentro de ciertos centros penitenciarios , Sin embargo, a casi cinco años de gestión, la medida sigue siendo un experimento en pocos centros, lo que genera serias dudas sobre su eficacia a escala nacional y la posible espera de una solución definitiva a la problemática.

La experiencia en otros países de la región ofrece una perspectiva similar. Por ejemplo, en Colombia se han implementado inhibidores de señal, pero la tecnología ha enfrentado serios desafíos técnicos y efectos colaterales en comunidades aledañas, lo que ha llevado a cuestionar su efectividad y rentabilidad. De igual forma, la constante evolución de la tecnología LTE seguirá siendo una variable poco probable de despejar.

Limitaciones de una Solución Tecnológica

El enfoque basado únicamente en bloqueadores de señal presenta varias limitaciones:

• Cobertura insuficiente: Con 49 centros penitenciarios en el país y una población reclusa que supera los 26,000 internos (con una capacidad de apenas 16,564, según datos recientes, un piloto que abarca unos pocos centros no representa una solución integral.
• Adaptación de los delincuentes: Ante nuevas tecnologías y frecuencias, los reclusos pueden recurrir a dispositivos más sofisticados o tarjetas SIM de distintas operadoras para burlar los bloqueos.
• Inversión cíclica: La necesidad de actualizar constantemente los equipos y técnicas implica un gasto continuo que, a la larga, puede resultar insostenible sin un enfoque estructural.
  
  

Hacia una Estrategia Integral: Marco Legal y Reorganización del Sistema

Ante la evidente ineficacia de depender exclusivamente de soluciones tecnológicas, es urgente considerar alternativas que aborden la raíz del problema. Una propuesta innovadora es establecer un marco legal que obligue a las compañías telefónicas a restringir o limitar el servicio en el perímetro de los centros penitenciarios. Este enfoque tendría múltiples beneficios:

• Actualización automática: Las operadoras, al manejar el espectro asignado por el Estado, podrían implementar restricciones adaptativas que respondan rápidamente a cambios tecnológicos.
• Reducción de costos para el Estado: Al transferir la responsabilidad del bloqueo a las empresas, el gobierno podría concentrar sus recursos en otras áreas críticas del sistema penitenciario.
• Precisión geográfica: Con las herramientas de geolocalización modernas, es posible definir perímetros de exclusión que minimicen el impacto en comunidades vecinas.

Otra medida estructural sería revaluar la distribución y funcionamiento de los centros penitenciarios. Un caso paradigmático es la «Nueva Victoria», un centro de alta capacidad (más de 10,000 reclusos) que actualmente se encuentra fuera de servicio. Poner en funcionamiento este macroproyecto de centro, junto con el cierre o movilización de instalaciones donde es casi imposible bloquear señales de manera efectiva, permitiría:

• Centralizar y segmentar a los reclusos de alto riesgo, facilitando el control y seguimiento de actividades ilícitas.
• Optimizar los recursos de seguridad y tecnología, enfocando esfuerzos en centros que realmente lo requieran.

La gestión de Roberto Hernández y del actual gobierno en materia de seguridad penitenciaria ha dejado mucho que desear. A casi cinco años de gestión, el hecho de contar únicamente con un proyecto piloto en pocos centros resulta insuficiente, considerando la magnitud del problema. La falta de datos transparentes sobre cuál de los centros es el epicentro de la actividad delictiva —si se conocen las ubicaciones precisas de las llamadas ilícitas o si se ha realizado un estudio exhaustivo de la incidencia del crimen vinculado al uso de celulares— pone en evidencia la ineficiencia y el atraso en la implementación de soluciones efectivas.

Esta situación se agrava cuando se considera el constante crecimiento tecnológico y la rápida adaptación de los delincuentes, lo que convierte cualquier medida parcial en un mero parche temporal, en lugar de una solución definitiva.

Es imprescindible que las autoridades actúen con mayor determinación y visión a largo plazo, dejando de lado iniciativas piloto limitadas que, a la postre, no abordan la raíz del problema. Solo así se podrá garantizar un sistema penitenciario más seguro y una reducción efectiva del crimen organizado que opera desde el interior de las cárceles.