El Negocio de los Celulares en las Cárceles Dominicanas
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El Negocio de los Celulares en las Cárceles Dominicanas
La presencia de celulares en los centros penitenciarios ha sido un problema persistente en la República Dominicana. Más que simples dispositivos, estos aparatos se han convertido en herramientas para extorsiones, estafas y la coordinación de actividades delictivas, lo que evidencia una grave falla en la seguridad y la transparencia del sistema carcelario.
Corrupción y Redes de Contrabando
Uno de los factores determinantes es la corrupción interna. Se ha documentado que, en muchos casos, funcionarios y agentes de seguridad reciben sobornos –o “peajes”– para permitir el ingreso de celulares y otros objetos prohibidos a las prisiones. Esto no solo facilita la continuidad de actividades ilícitas, sino que también transforma a los centros penitenciarios en verdaderos centros de mando para el crimen organizado. Por ejemplo, en diversas investigaciones se ha señalado que el flujo de estos dispositivos se vende a precios irrisorios, lo que convierte este contrabando en un gran negocio para quienes tienen acceso privilegiado (Cita).
Intentos Fallidos de Bloqueo
A lo largo de los años, las autoridades han intentado implementar bloqueadores de señal para cortar el acceso a celulares dentro de las cárceles. Proyectos como el presentado por el exprocurador Francisco Domínguez Brito en 2014, y otros esfuerzos legislativos recientes, han buscado instalar equipos que anulen las señales en un radio determinado. Sin embargo, estos intentos han enfrentado múltiples desafíos técnicos y económicos.
Por ejemplo, el proyecto reintroducido en el Senado en 2024 propuso instalar cabinas telefónicas especiales en lugar de permitir el uso libre de dispositivos, aunque su viabilidad se ve obstaculizada por problemas de infraestructura y el impacto negativo en las comunidades aledañas (Cita).
Además, otras fuentes señalan que, a pesar de la existencia de planes y anuncios –como el compromiso del INDOTEL de destinar 300 millones de pesos para este fin (Cita)–, la implementación real se ha visto entorpecida por sabotajes, fallas eléctricas y la falta de voluntad política para erradicar la práctica.
Casos y Evidencia de Inseguridad
Diversos informes periodísticos evidencian que la infiltración de celulares no es un hecho aislado.
- Un informe de Listín Diario detalla cómo, en la cárcel La Victoria, ningún centro cuenta con bloqueadores de señal, lo que permite que los reclusos sigan en comunicación y, en ocasiones, ordenen crímenes desde sus celdas (Cita). Desde este mismo centro fueron desmantelados servicios de Intenet, camaras de seguridad propiedad de los internos y multples routers Wi-Fi.
- Asimismo, declaraciones recientes del director de Prisiones han reconocido que, a pesar de las políticas vigentes, los reclusos continúan utilizando celulares sin mayores restricciones, lo que expone la vulnerabilidad del sistema (Cita).
Resulta indignante que, tal como se expuso en el reciente caso publicado por Listín Diario, donde la Policía desmanteló un grupo que extorsionaba a ciudadanos vía WhatsApp desde un centro penitenciario en Puerto Plata, no se mencione ni se castigue a ningún agente, fiscal o funcionario involucrado. Mientras se alza la voz en contra de la delincuencia desde adentro y se denuncian las prácticas corruptas, la única “culpa” visible recae sobre los presos, como si, por obra de un misterioso “espíritu santo”, ellos fuesen los únicos a recibir las consecuencias. Este silencio institucional sobre las responsabilidades de los verdaderos facilitadores evidencia una grave falla en el sistema, donde el gran negocio de la corrupción opera impunemente, dejando de lado la rendición de cuentas que la sociedad exige.
Estos casos refuerzan la idea de que, mientras persista la corrupción y la complicidad de ciertos funcionarios, la entrada de dispositivos móviles se convertirá en un vector permanente para actividades ilícitas.
Desafíos y Propuestas de Reforma
El problema no se limita únicamente a la cuestión tecnológica. La lucha contra el ingreso de celulares en las cárceles requiere, además, de una reforma integral que aborde la corrupción sistémica y mejore los protocolos de seguridad.
- Control Tecnológico: Se necesita invertir en tecnologías de bloqueo que sean eficientes y que, a la vez, no afecten la comunicación de los vecinos de los centros penitenciarios (Cita).
- Fortalecimiento Institucional: Es crucial capacitar y remunerar adecuadamente al personal encargado de la seguridad, para que no sean vulnerables a los sobornos que permiten el contrabando de dispositivos.
- Legislación Efectiva: Se debe revisar y aplicar de forma rigurosa la Ley 113-21 y otros instrumentos legales que regulan el acceso a la tecnología en los recintos, garantizando que se priorice la seguridad y la transparencia en el sistema penitenciario (Cita).
La problemática de los celulares en las cárceles dominicanas es un reflejo de un sistema que enfrenta serios retos de corrupción y falta de seguridad. Mientras las autoridades se enfoquen únicamente en medidas tecnológicas sin atacar la raíz del problema –la complicidad interna y la ineficiencia en la supervisión–, el fenómeno persistirá y seguirá facilitando la comisión de delitos desde el interior de los recintos penitenciarios.
Es imperativo que se adopte una estrategia integral que combine inversiones en tecnología, reformas institucionales y una aplicación rigurosa de la ley, para garantizar que los centros penitenciarios sean verdaderos espacios de reeducación y reinserción social, y no centros de mando para el crimen organizado.
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