Hoy les hablo con la misma convicción y compromiso de siempre. En este programa quiero que entendamos, sin rodeos, lo que está ocurriendo tanto en el ámbito internacional como en nuestra propia República Dominicana. Recientemente, hemos sido testigos de un hecho que marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico: la extradición de Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. Este evento, impulsado por la acción de México, representa un golpe contundente a uno de los grandes referentes del narcotráfico en América Latina. Caro Quintero, reconocido capo del Cartel de Guadalajara y responsable, entre otros, del asesinato del agente de la DEA, Quique Camarena, ahora tendrá que responder ante la justicia norteamericana.

Sin embargo, mientras algunos gobiernos se enorgullecen de estos logros internacionales, nosotros aquí en casa vivimos otra realidad muy distinta. Quiero comenzar señalando el caso de Francelis María Furcal Rodríguez, una trabajadora que se vio envuelta en una situación de violencia y abuso en el ámbito laboral. Ella, que cada día se levanta para ganarse la vida en un trabajo mal pagado y en condiciones precarias, se convirtió en víctima del maltrato por parte de un empleador que actuaba como si tratara a seres humanos como simples objetos. La tragedia de su situación se agrava cuando vemos cómo, en lugar de recibir protección y comprensión, se le impone una condena que castiga a la víctima de un sistema que falla en garantizar la justicia y la dignidad de nuestros trabajadores.

Esta es la cruda imagen de un país donde la vulnerabilidad de la clase trabajadora se enfrenta a estructuras que, en muchos casos, permiten y hasta fomentan el abuso. No se trata solo de un hecho aislado; es el reflejo de una realidad en la que la protección del trabajador se ha convertido en un privilegio para unos pocos, mientras que la mayoría queda desamparada, luchando día a día contra un sistema que se resiste a cambiar. La condena impuesta a Francelis María Furcal Rodríguez no puede ser vista como un simple caso judicial, sino como el síntoma de un problema más profundo: la indiferencia y la complicidad de las instituciones frente a la explotación laboral y el maltrato.

Pero la problemática no se limita al ámbito laboral. Hoy también debemos hablar de cómo la gestión de nuestro país se ha visto envuelta en una serie de estrategias que, en apariencia, buscan controlar la inflación y fortalecer la economía, pero que en realidad están diseñadas para beneficiar intereses externos y perjudicar a nuestros productores. Por ejemplo, el presidente ha proclamado que la agropecuaria es clave para el control de la inflación, mientras que los precios de productos básicos como el arroz se mantienen artificialmente bajos para favorecer la importación masiva. ¿Qué sucede cuando el arroz, un alimento esencial, se vende a precios que impactan negativamente al productor dominicano? Esta maniobra no solo afecta la economía familiar, sino que pone en riesgo la sostenibilidad de la producción local y la soberanía alimentaria de nuestro país.

Además, observamos cómo el manejo de las cifras en materia de decomisos y operativos contra el narcotráfico se ha convertido en una especie de propaganda. Se anuncian cifras que en teoría demuestran avances en la lucha contra el crimen organizado, pero pocos se atreven a preguntar: ¿qué resultados jurídicos concretos se han obtenido? ¿Cuántos bienes decomisados han terminado realmente fortaleciendo las capacidades de prevención y protección de nuestros ciudadanos? Mientras se habla de grandes cifras, la realidad en las calles es otra: el costo de vida se incrementa, la inseguridad crece y los verdaderos beneficiarios de estas políticas son, muchas veces, quienes operan en la informalidad y al margen de la ley.

No podemos olvidar que en nuestra frontera con Haití se vive una situación igualmente preocupante. Se habla de bandas que son tachadas de terroristas, pero la realidad es que muchos comerciantes y empresarios, para mantener a flote sus negocios, terminan pactando con estas mismas bandas. Este tipo de prácticas afectan la competitividad de nuestros productos y generan una doble vulnerabilidad: por un lado, se ve afectada la economía de quienes trabajan honestamente, y por otro, se diluye el control efectivo sobre actividades ilícitas que terminan permeando todos los niveles de nuestra sociedad.

En este escenario, la desconexión entre lo que se anuncia y lo que se vive es más evidente que nunca. Mientras algunos celebran logros en el ámbito internacional, aquí en casa enfrentamos problemas estructurales que amenazan el bienestar de la mayoría de los dominicanos. Mi compromiso es exponer estas realidades sin concesiones, porque la verdad no puede ser silenciada ni disfrazada de logros superficiales. Es hora de que la ciudadanía exija respuestas, no solo en discursos vacíos, sino en acciones concretas que devuelvan la dignidad y la seguridad a cada rincón de nuestra República.

Hoy, les invito a reflexionar sobre lo que significa vivir en un país donde la justicia se mide a doble rasero, donde la protección de la clase trabajadora es un lujo y donde la lucha contra el narcotráfico se transforma en un juego de cifras y apariencias. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante estas injusticias. La verdadera transformación solo será posible si todos, ciudadanos y autoridades, asumimos la responsabilidad de construir un Estado de derecho que proteja a los más vulnerables y garantice un futuro próspero para el pueblo dominicano.

Hasta la próxima, y recuerden: la verdad es el primer paso hacia el cambio.