Cuando el presidente Luis Abinader asumió el poder en 2020, prometió erradicar la delincuencia en la República Dominicana, reduciendo los índices de criminalidad y mejorando la seguridad del país. Habló de cifras ambiciosas: una reducción de más del 50% en los actos delictivos en un plazo de cuatro años, utilizando como referencia los exitosos modelos de otros países y el apoyo de asesores internacionales, incluido Rudy Giuliani. Sin embargo, a casi cinco años de su gestión, lo que se observa es un panorama bien distinto al que se prometió.

El término «buche y pluma» ilustra perfectamente lo que ha sucedido con las promesas de Abinader. En público, el presidente y su equipo nos venden una imagen de progreso, citando estadísticas que aparentan una mejora. Pero la realidad sobre el terreno nos muestra un país aún asolado por la violencia, el narcotráfico y una sensación generalizada de inseguridad. Las promesas de una transformación radical han quedado como palabras vacías, y la situación, lejos de mejorar de forma «drástica», ha presentado «variaciones ligeras», como admite la propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

El gobierno ha logrado mostrar una reducción en algunas tasas, como la de homicidios, pero estos números parecen más una jugada de «buche y pluma» que una mejora tangible en la seguridad. Los datos relativos, como la disminución de asesinatos o el control de las armas de fuego ilegales, son presentados con bombo y platillo, pero no se puede obviar que, a pesar de estos logros estadísticos, el panorama de violencia sigue siendo alarmante. Según las propias autoridades, la delincuencia no ha disminuido de forma significativa, y lo que se muestra al público son avances superficiales y números que no reflejan una disminución real de los problemas.

Por otro lado, el narcotráfico sigue siendo un problema sin control. Aunque el gobierno insiste en que se han hecho esfuerzos significativos para frenar el tráfico de drogas, la realidad es que el país sigue siendo un punto clave en el tráfico internacional de estupefacientes. Las incautaciones de grandes cantidades de drogas, la infiltración de las estructuras criminales en diversas capas de la sociedad y la corrupción persistente dentro de las fuerzas de seguridad han dejado claro que el control sobre este flagelo sigue siendo inalcanzable.

Cinco años después de esas promesas de erradicación, la población está viendo cómo el problema sigue creciendo. No solo la delincuencia común, sino también el narcotráfico, las redes de criminalidad organizada y la falta de control en muchos sectores de la seguridad siguen azotando la República Dominicana. La percepción de inseguridad ha aumentado, y a pesar de las estadísticas «positivas», la calle y el ciudadano común no experimentan una mejora real en su calidad de vida o en su seguridad personal.

La gestión de Abinader en este aspecto ha sido un fracaso en términos de resultados tangibles. En lugar de una disminución drástica de la violencia y el crimen, lo que hemos presenciado es un lento y «ligero» descenso que no es suficiente para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Las promesas de un país más seguro y sin criminalidad han quedado como una visión inalcanzable, mientras la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Es hora de que el gobierno reconozca que la situación no ha mejorado de forma significativa. El juego de las estadísticas relativas no ha logrado engañar a los dominicanos, que siguen viviendo con el temor constante de ser víctimas de la delincuencia. Las promesas de cambio y transformación deben ser acompañadas por resultados concretos, y hasta el momento, estos no se han materializado en la realidad diaria de la población. Al final, lo que vemos es un gobierno que no ha cumplido con lo prometido, haciendo malabares con cifras mientras el verdadero problema sigue creciendo.

Referencias:
Diario Libre

Foto:
RCC Noticias